Maduro pedirá poderes especiales “para legislar contra el imperialismo”
El jefe del Estado venezolano esperó a la finalización del partido de fútbol de la selección nacional sub17, que se impuso a Brasil 3 a 2, para iniciar un largo discurso, de casi tres horas, en el que repasó sus dos años en el cargo más importante del país. Fue su forma de enmarcar que lo dicho por Washington este lunes es otro capítulo de una trama golpista ejecutada por políticos opositores, a quienes catalogó como agentes a sueldo del país norteamericano que aprovechan las libertades establecidas en la Constitución para dedicarse a la actividad proselitista.
Maduro también quiso responder con un desplante al nombrar a uno de los siete sancionados, el mayor general Gustavo Enrique González López, como ministro del Interior, Justicia y Paz, un cargo que ocupaba la almirante Carmen Meléndez. González López fue hasta este lunes el titular del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebín), la policía política. Este organismo está acusado por la Casa Blanca de perseguir a políticos opositores y de desconocer sus derechos humanos. González López se levantó de su asiento, localizado al lado de otros altos cargos militares, e hizo un saludo militar.
La alocución de Maduro ha representado el punto culminante de una jornada en la cual los altos funcionarios de su Gobierno se han referido a las sanciones anunciadas por Washington de variadas maneras. Algunas incluso rozaron la procacidad, imitando ese modo tan propio del fallecido Hugo Chávez para referirse a la dirigencia estadounidense. La canciller Delcy Rodríguez llamó a consultas al encargado de Negocios Maximiliem Arvelaiz. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, llamó a la base del Partido Socialista Unido de Venezuela a movilizarse ante la inminencia de un ataque militar.
La resolución de la Casa Blanca parece una respuesta a la decisión de Venezuela de impedir la entrada al país de siete estadounidenses, a quienes identificó con nombres y apellidos, anunciada la semana pasada. A mediados de diciembre el presidente Barack Obama firmó la Ley de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil de Venezuela 2014, aprobada previamente por el Congreso de ese país, que impone sanciones contra funcionarios del Gobierno venezolano considerados responsables de violaciones de derechos humanos en las protestas opositoras suscitadas entre febrero y junio de 2014.
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